jueves, 23 de enero de 2014

Libertad de información y responsabilidad

Foto­gra­fía: “Lle­gola, infec­tola y avan­zola…” por Gaby San­do­val @ Flickr
Por Mariano Cebrián Herreros
Los  dere­chos  de  liber­tad  de  expre­sión  y  de  infor­ma­ción  son  fun­da­men­ta­les  en  toda  demo­cra­cia,  pero  no  son  abso­lu­tos.  Existe  otro  con­junto  de  dere­chos  con  los  que  pue­den  entrar  en  coli­sión  como  los  refe­ri­dos  a  lo  más  nuclear  del  ser  humano  como  es  su  inti­mi­dad  o  su  ima­gen.  Tam­bién  exis­ten,  por  el  con­tra­rio,  gru­pos  y  diri­gen­tes  de  paí­ses  espe­cial­mente  musul­ma­nes  y  dic­ta­to­ria­les  que  pien­san  que  por  encima  de  estos  dere­chos,  están  otros  que  les  per­mita  man­te­ner  sus  dog­mas  reli­gio­sos  y  sus  con­tro­les  y  abu­sos  polí­ti­cos  o  la  unión  de  ambos.  Los  medios  de  comu­ni­ca­ción  se  ven  impli­ca­dos  a  veces  en  estos  enfrentamientos.
Me refe­riré sólo a dos cam­pos que des­pier­tan mayo­res ten­sio­nes en la actua­li­dad: el ejer­ci­cio del dere­cho de la infor­ma­ción que llega a pene­trar en la vida íntima de las per­so­nas y el ejer­ci­cio de liber­tad de opi­nión mediante la difu­sión de vídeos, imá­ge­nes y cari­ca­tu­ras que cho­can con las creen­cias de algu­nos gru­pos religiosos.
En para­lelo a la liber­tad de infor­ma­ción se sitúa la res­pon­sa­bi­li­dad de quien la ejerce. La res­pon­sa­bi­li­dad mediá­tica está entron­cada con la ética pro­fe­sio­nal y empre­sa­rial. Es una res­pon­sa­bi­li­dad que obliga a inda­gar y difun­dir la ver­dad de los hechos, de las decla­ra­cio­nes y la fun­da­men­ta­ción de las opi­nio­nes. La difa­ma­ción, la difu­sión de noti­cias fal­sas y de opi­nio­nes sin base argu­men­tal no res­pe­tan la responsabilidad.
Exis­ten medios que se opo­nen a la apro­ba­ción de códi­gos deon­to­ló­gi­cos para man­te­nerse al mar­gen de cual­quier obli­ga­ción. Por el con­tra­rio, la inmensa mayo­ría de los medios, espe­cial­mente en los paí­ses demo­crá­ti­cos, se unen y res­pe­tan los códi­gos éti­cos esta­ble­ci­dos por sus pro­fe­sio­na­les o son los medios los que a su vez crean sus pro­pios docu­men­tos deon­to­ló­gi­cos como empre­sas de comu­ni­ca­ción. Se trata de  nor­mas inter­nas que los pro­fe­sio­na­les y medios se auto­im­po­nen ante la socie­dad para que, en el caso de con­tra­ve­nir­las, se les pueda seña­lar como incum­pli­do­res de sus pro­pios com­pro­mi­sos. Es una manera de mani­fes­tar su res­pon­sa­bi­li­dad ante los demás cole­gas y, sobre todo, ante la sociedad.
Lo medios de comu­ni­ca­ción en algu­nas de sus mani­fes­ta­cio­nes se sitúan en la zona fron­te­riza e incluso exis­ten momen­tos en que la cru­zan y se entro­me­ten en otros dere­chos nece­sa­rios de pre­ser­var. En el caso de la tele­vi­sión, por ejem­plo, exis­ten algu­nos pro­gra­mas cuyos con­te­ni­dos están refe­ri­dos a la vida íntima de las per­so­nas públi­cas y popu­la­res o de aque­llas que ellos mis­mos han creado como per­so­na­jes de fama al exhi­bir­los con fre­cuen­cia en sus infor­ma­cio­nes y pro­gra­mas. Se les per­si­gue en todos sus movi­mien­tos y con­ver­sa­cio­nes hasta lle­gar a luga­res pro­te­gi­dos por la ley como es el pro­pio domi­ci­lio, al uso de gra­ba­cio­nes con micró­fo­nos y cáma­ras ocul­tos o se des­ve­lan con cer­teza o fal­se­dad algu­nas inti­mi­da­des cuyo dere­cho sólo asiste a la per­sona per­ju­di­cada. La juris­pru­den­cia dife­ren­cia entre los dere­chos de las per­so­nas públi­cas de las que no lo son. Pero el debate en torno a la coli­sión de los dere­chos se plan­tea incluso en rela­ción con los dere­chos que ampa­ran a las per­so­nas públi­cas cuando dejan de serlo o están en luga­res y situa­cio­nes total­mente privadas.
El fun­da­mento para estas intro­mi­sio­nes es que los perio­dis­tas ejer­cen la liber­tad de infor­ma­ción por ser de inte­rés gene­ral y ser hechos o decla­ra­cio­nes vera­ces y com­pro­ba­bles. Pero no siem­pre ocu­rre así. Las cues­tio­nes más deba­ti­bles sue­len girar en torno a inven­cio­nes, rumo­res e incluso a infor­ma­cio­nes fal­sas. La liber­tad de infor­ma­ción se uti­liza para apro­ve­char el morbo que des­pier­tan esas infor­ma­cio­nes y con ello incre­men­tar la audien­cia y atraer más publicidad.
Sin embargo, cuando desde otro medio o, en la actua­li­dad, desde las redes socia­les se entro­me­ten en la vida pri­vada de quie­nes dan esas infor­ma­cio­nes, rápi­da­mente pro­tes­tan. Es decir, se apo­yan en la liber­tad de infor­ma­ción para hablar de los demás, pero cuando los demás hablan de ellas se aco­gen al dere­cho de inti­mi­dad. Pero el que más se apro­ve­cha de tales situa­cio­nes es el pro­pio medio de comu­ni­ca­ción. Nadie puede hablar de la vida per­so­nal de sus diri­gen­tes y eje­cu­ti­vos. Abu­san de la popu­la­ri­dad de per­so­nas aje­nas y quie­ren pre­ser­var la pro­pia inti­mi­dad. Todo está en fun­ción del nego­cio. Se ampa­ran en un dere­cho como coar­tada para con­se­guir más bene­fi­cios. No es el ejer­ci­cio de la liber­tad de infor­ma­ción lo que les interesa sino el incre­mento de ingre­sos eco­nó­mi­cos. De hecho, cuando los usua­rios se rebe­lan con­tra deter­mi­na­dos con­te­ni­dos que ofre­cen tales pro­gra­mas mediante el cam­bio de canal (y, por tanto, se pro­duce una caída de audien­cia) y el boi­cot a las mar­cas publi­ci­ta­rias que apa­re­cen en ellos y éstas se reti­ran del pro­grama, ape­nas se man­tiene éste en la antena. Si se actuara sin­ce­ra­mente en fun­ción de la liber­tad de infor­ma­ción, se man­ten­dría como defensa de la misma, sin embargo se retira como demos­tra­ción de que el obje­tivo real es el lucro.
Mayo­res reper­cu­sio­nes mun­dia­les está teniendo la difu­sión de infor­ma­cio­nes que pue­den cho­car con otras ideo­lo­gías. En unos casos, por­que son infor­ma­cio­nes y pro­pues­tas de con­te­ni­dos que pue­den pro­vo­car la ira de deter­mi­na­dos gru­pos socia­les que se ven sacu­di­dos en sus creen­cias, en sus prin­ci­pios mora­les y en su estilo de vida. Y en otros, por­que son los pode­res polí­ti­cos que están detrás de tales gru­pos los que apro­ve­chan cual­quier opor­tu­ni­dad mediá­tica para denun­ciar un enemigo público, incluso ata­car a los paí­ses de donde par­ten las infor­ma­cio­nes o a las per­so­nas que las han pro­mo­vido con­si­de­rán­dolo como una defensa del país frente a la pro­vo­ca­ción de los paí­ses occidentales.
Lle­va­mos unos años que está levan­tando pro­tes­tas la repre­sen­ta­ción de Mahoma en dibu­jos, cari­ca­tu­ras o rela­tos. Ha ocu­rrido con un vídeo pro­du­cido en Esta­dos Uni­dos y difun­dido por las redes socia­les que algu­nos gru­pos reli­gio­sos islá­mi­cos han con­si­de­rado como blas­femo, y con las viñe­tas publi­ca­das en la revista fran­cesa Char­lie Hebdo en las que se ridi­cu­liza a Mahoma. Estas pro­tes­tas han desatado diver­sas moda­li­da­des de vio­len­cia e incluso más de cin­cuenta muer­tos. De nuevo se ha acu­dido a la liber­tad de infor­ma­ción como amparo para arre­me­ter con­tra las creen­cias de gru­pos reli­gio­sos y éstos tra­tan de defen­derse con la pro­testa y con la vio­len­cia. En nin­gún caso la liber­tad de infor­ma­ción, e incluso el abuso de tal dere­cho, puede deri­var en con­fron­ta­cio­nes vio­len­tas y mucho menos en muer­tes. Existe el dere­cho de mani­fes­ta­ción como prin­ci­pio demo­crá­tico para pro­tes­tar con­tra este ejer­ci­cio perio­dís­tico, pero de nin­guna manera debe ser­vir para dar el salto a otra dimen­sión como es la violencia.
En este caso se plan­tea tam­bién una cues­tión de opor­tu­ni­dad de la publi­ca­ción y de una pro­vo­ca­ción inne­ce­sa­ria. No se trata de esta­ble­cer nin­guna cen­sura pre­via, sino de con­si­de­rar el con­texto social, polí­tico y de rela­cio­nes inter­na­cio­na­les en el que se tra­baja. Tam­bién en este caso se ha acu­sado a los medios de uti­li­zar esta liber­tad de infor­ma­ción no tanto como ofensa a los cre­yen­tes sino como recurso para des­en­ca­de­nar la sátira y el humor sobre un tema con­flic­tivo.  Lo que se esconde tam­bién son razo­nes de incre­mento de ven­tas por el escán­dalo que sus­cita la publi­ca­ción y que se supone que se ven­derá mayor número de ejem­pla­res. Tanto en el caso del vídeo como en el de la revista, una vez que estas imá­ge­nes entran en las redes socia­les son incon­tro­la­bles. Lo pro­du­cido con obje­ti­vos eco­nó­mi­cos y ampa­ra­dos en la liber­tad de infor­ma­ción y de opi­nión se trans­forma en enfren­ta­mien­tos socia­les y religiosos.
Son coar­ta­das que, lejos de ampliar la liber­tad de infor­ma­ción, pro­vo­can una auto­cen­sura en los pro­fe­sio­na­les por el miedo que pue­dan sus­ci­tar deter­mi­na­dos comen­ta­rios e incluso arries­gar su pro­pia vida o que los pro­pie­ta­rios y direc­ti­vos de los medios impon­gan deter­mi­na­das mor­da­zas a la línea edi­to­rial y a sus pro­fe­sio­na­les para no pro­vo­car la ira de otras per­so­nas o ponerse en el punto de dis­paro de los gru­pos que se sien­tan alu­di­dos. Hay un daño para la pro­fe­sión, para los medios e incluso para la liber­tad de información.
Toda liber­tad de infor­ma­ción lleva con­sigo una res­pon­sa­bi­li­dad social pública. Una res­pon­sa­bi­li­dad que debe res­pe­tar otros dere­chos huma­nos y que ade­más tiene que tener en cuenta el ejer­ci­cio pro­fe­sio­nal rigu­roso de bus­car la vera­ci­dad en todo cuanto sea posi­ble, argu­men­tar con soli­dez las opi­nio­nes y cali­brar el con­texto tem­po­ral, de debate ideo­ló­gico o de situa­cio­nes de rela­cio­nes entre paí­ses y gru­pos socia­les. La res­pon­sa­bi­li­dad mediá­tica exige tam­bién que se ten­gan en cuenta los tiem­pos ade­cua­dos e inade­cua­dos, las pre­vi­si­bles con­si­de­ra­cio­nes de pro­vo­ca­ción y que pre­vi­si­ble­mente des­en­ca­de­nen todo tipo de reac­cio­nes violentas.
La liber­tad de infor­ma­ción no debe usarse para incen­diar más las situa­cio­nes de con­fron­ta­cio­nes vio­len­tas, casi béli­cas o béli­cas ple­nas. Pero menos acep­ta­ble es que haya gober­nan­tes que se apro­ve­chen de estas situa­cio­nes para fomen­tar la vio­len­cia, encu­brir otras situa­cio­nes inter­nas, pro­ble­mas del país o los abu­sos dic­ta­to­ria­les que están come­tiendo. Es apro­ve­char la ira de unos para fomen­tar mayor vio­len­cia e incluso bene­fi­cios para el pro­pio país, bene­fi­cios per­so­na­les o per­se­cu­ción directa de la liber­tad de infor­ma­ción de los medios de comu­ni­ca­ción del país y, en defi­ni­tiva, redu­cir al mínimo la demo­cra­cia interna.
Quie­nes tie­nen que ana­li­zar y pon­de­rar estas con­fron­ta­cio­nes entre dere­chos no son las per­so­nas o gru­pos par­ti­cu­la­res para hacer jus­ti­cia por su cuenta. Son los jue­ces quie­nes tie­nen que exa­mi­nar el posi­ble delito de pro­mo­ver la vio­len­cia, exi­gir res­pon­sa­bi­li­da­des, pon­de­rar y dic­ta­mi­nar el alcance de cada hecho, y cuándo pre­va­lece un dere­cho sobre otro y las cir­cuns­tan­cias que rodean cada situa­ción. Y, por supuesto, juz­gar los actos de vio­len­cia come­ti­dos como dere­cho de mani­fes­ta­ción. Ni la vio­len­cia ni el ase­si­nato deben que­dar impu­nes sino que deben juz­garse con­forme a la legis­la­ción vigente del país o inter­na­cio­nal. La jus­ti­cia es otro pilar de la demo­cra­cia que no debe sal­tarse sin correr el riesgo de que se pro­duz­can mayo­res males.
En suma: más que nunca es impres­cin­di­ble pro­te­ger y ampliar en lo posi­ble la liber­tad de infor­ma­ción como algo esen­cial de la demo­cra­cia frente a quie­nes con­si­de­ran que sus dere­chos polí­ti­cos, eco­nó­mi­cos y socia­les están por encima de ella, espe­cial­mente cuando esos dere­chos se ejer­cen para coar­tar más las liber­ta­des públi­cas y el con­trol rígido de los gru­pos y pueblos.

Cate­drá­tico de la Uni­ver­si­dad Com­plu­tense de Madrid. Correo elec­tró­nico: marceb@ccinf.ucm.es

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